medios
DÓNDE ESTÁ LA OBJETIVIDAD PERIODÍSTICA- por Manuel E. Yepe
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Nadie duda que el control y la manipulación de los medios sea uno de los recursos más importantes de que se sirve el poder real de los Estados Unidos para imponer su hegemonía y dominación.
Con una portentosa maquinaria en manos de menos de una decena de mega corporaciones que literalmente poseen y controlan los grandes medios de información que le sirven para influir en las mentes y las acciones de las personas a nombre de la libertad de prensa y de conciencia, la propaganda imperial presume de ser portadora de la verdadera y única objetividad periodística.
En un interesante artículo publicado por el periodista y escritor estadounidense Glenn Greenwald en el sitio Salon.com, con titulo “The NYT´s View of Journalistic Objectivity” (Cómo ve el New York Times la objetividad periodística), se aprecia cuanto fariseísmo hay en tal aserto, a la luz del caso de Sami al-Hajj, camarógrafo de la cadena televisiva Al Jazeera apresado a fines del 2001 por las fuerzas ocupantes en Irak, torturado en Bagram y enviado a Guantánamo donde permaneció siete años hasta ser excarcelado en 2008, cual si nada hubiera ocurrido.
En el centro de torturas que Estados Unidos opera en la base militar que ilegalmente mantiene hace más de cien años en territorio cubano, el gobierno de Estados Unidos tuvo prisionero a Sami al-Hajj, sin jamás formular cargos en su contra, y le sometió a extensos e intensos interrogatorios que nada tenían que ver con actividades terroristas o algo parecido ya que solo parecía ser de interés para sus captores obtener información acerca del modus operandi de la cadena televisiva Al Jazeera.
Lo insólito de este apresamiento por siete años, seguido por una excarcelación sin cargos, es que ello fue prácticamente ignorado por los medios de Estados Unidos, tan obsesionados críticos de cualquier arresto, por breve que sea, de un periodista en Corea del Norte o Irán.
Greenwald se refiere a un artículo reciente del New York Times, firmado por el reportero de ese periódico Brian Stelter, en el que se brindan detalles sobre el apresamiento de al-Hajj, de cómo fue torturado y los traumas físicos y psicológicos que le ocasionaron sus captores. Apunta en él algunos aspectos verdaderamente reveladores.
Señala que, luego de los ataques del 11 de septiembre, nada ha dañado tanto la percepción de Estados Unidos entre los televidentes de Al Jazeera en el mundo árabe como la serie en seis partes realizada por Sani al-Hajj, “no siempre con objetividad periodística acerca del trato recibido en la prisión de Guantánamo”, tras su excarcelación.
Critica el NYT que, en una entrevista concedida por el Editor en Jefe de Al Jazeera, éste se refiriera a Sani al-Hajj y otros detenidos como “algunas de la víctimas de las atrocidades cometidas por la ex-administración de Estados Unidos contra los derechos humanos.”
Es increíble –escribe Greenwald- que el NYT considere que la calificación de la conducta del gobierno de Bush por el dirigente de Al Jazeera, en lo que concierne a al-Hajj y a otros detenidos, se aparta de los preceptos de la “objetividad periodística”. Y pregunta: ¿cómo pueden ser definidas de otra forma la detención ilegal, la tortura brutal, la muerte de numerosos prisioneros, las acciones contra medios de prensa hostiles y la renuncia explícita a las convenciones de Ginebra? Violar la “objetividad periodística” no deriva de calificar a esta conducta como lo que es, sino de negarlo usando eufemismos como hace el NYT .
Greenwald aporta datos que demuestran cuan reiteradamente el NYT ha denunciado “atrocidades contra los derechos humanos” en otros países. Somalia, Haití, Kosovo, Perú, Bosnia, Serbia y Sri Lanka han sido blancos de estas acusaciones en las páginas del NYT y, sin embargo, ahora ese diario afirma que hacerlo respecto a Estados Unidos es faltar a la objetividad periodística.
El periódico que acusa a Al Jazeera de faltar a la “objetividad periodística”, prohíbe explícitamente el uso en sus páginas de la palabra “tortura” al referirse a acciones estadounidenses. Cuando se usa el término “técnicas de interrogatorio perfeccionadas” en lugar de “torturas”, como hace el NYT, se violan los derechos humanos porque se cambia la percepción de la realidad, apunta Greenwald.
Opina el periodista que las prácticas del NYT, por diseño o por efecto, crean la falsa impresión de que la tortura y los abusos de los derechos humanos son imputables a otros gobiernos, pero nunca al gobierno estadounidense. ¿Quién en verdad falta a la objetividad?
El autor cita a un portavoz del Pentágono que dijo, acerca del caso, que los periodistas no son blancos de sus fuerzas armadas, pero no hay categoría especial alguna que les brinde inmunidad “si son capturados en actividades sospechosas de estar relacionadas con el terrorismo”.
Según el articulista, los norteamericanos creen que la diferencia entre su percepción y la de los musulmanes reside en que ellos son racionales, informados, libres y avanzados, en tanto los musulmanes y árabes son irracionales, primitivos, conspiradores y desinformados. Sin embargo, el caso de al-Hajj muestra que lo cierto es lo contrario. La captura del periodista musulmán por Estados Unidos fue ampliamente divulgada en el mundo musulmán, mientras que los norteamericanos han estado ignorantes del asunto durante siete años.
Greenwald recuerda que el apresamiento de una periodista de Estados Unidos en Irán durante tres meses fue mencionado más de dos mil doscientas veces en el NYT, cuando el caso de al-Hajj solo mereció una breve referencia a una nota de Al Jazeera en más de 6 años.
Extraño concepto de la objetividad periodística el adoptado por el NYT”, dice Greenwald. Enero de 2010.
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| Fuente: Pelusa Radical | Boletin Entorno (Año 8 Número 3)
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Por lobogabriel - 13 de Enero, 2010, 9:48, Categoría: medios
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La corrupción en la campaña mediática del imperio contra América Latina
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GRANMA
JEAN-GUY ALLARD
La Voz de las Américas (VOA) está "expandiendo su penetración" en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, revela un diario de Miami, al señalar que, con este objetivo, la cadena radiofónica que difunde a escala mundial la propaganda norteamericana, requisará instalaciones de Radio y TV Martí.
"Estamos dando una atención especial a la región andina, debido a lo que ocurre allí", declaró el director de la División en español, el cubanoamericano Alberto Mascaró al colaborador de El Nuevo Herald, el veterano Juan O. Tamayo.
La información tiene que ser cierta. Varios periodistas del Herald en español han sido denunciados en el pasado por su bien remunerada colaboración con Radio y TV Martí.
Por su parte, Juan O. Tamayo ha sido contratado hace unos meses por el ICCAS del ex analista CIA Jaime Suchlicki, un organismo fuertemente subsidiado por la USAID para realizar "estudios" sobre Cuba.
La VOA penetra ya la zona geográfica con su información "made in USA", orientada a favorecer los intereses de las oligarquías.
Según Tamayo, "cuenta con 319 estaciones radiales afiliadas en la región de los Andes, que transmiten sus programas gratis, —199 en Bolivia, 77 en Colombia, siete en Ecuador y Perú, respectivamente" .
La VOA está obligada a observar normas de "exactitud, equilibrio, carácter abarcador y objetividad" , asegura el artículo, citando al pariente de Pedro Roig.
Es sin duda con este propósito que este órgano "imparcial" del Departamento de Estado se dedica desde años, en Venezuela, a "arremeter contra la economía difundiendo noticias falsas sobre desabastecimiento, programas de confiscaciones del gobierno bolivariano; movimientos en los cuarteles, noticias sobre corrupción ‘documentada’ de los funcionarios" , como lo señaló el sitio Web Aporrea.
Para alcanzar sus objetivos, la VOA usará las instalaciones de producción de Radio y TV Martí lo que, según el rotativo mafioso de Miami, ha alimentado "especulaciones de que las estaciones Martí acabarán pasando a formar parte de la VOA". Radio y TV Martí han sido sacudidos por varios escándalos de corrupción, en los últimos años.
Lo más divertido es que Alberto Mascaró, quien anunció la nueva orientación de la VOA, es nada menos que el sobrino de la esposa de Pedro Roig, director general de Radio y TV Martí, corporación famosa por dedicarse a contratar a las amistades de sus "capos".
Ex director de la Interamerican Military Academy de Miami, Roig fue formado por la CIA en Fort Benning al lado del terrorista internacional Luis Posada Carriles, como sicario de la Operación 40, con vistas a la fracasada invasión de Playa Girón.
En agosto, Pedro Roig, quien siempre tuvo puestos de trabajo para su parentela, mandó a la calle a 35 empleados de esta corporación, que se dedica a fabricar calumnias contra Cuba, que luego no logra difundir.
Increíblemente, las estaciones de propaganda anticubana Radio y TV Martí tienen unos 170 empleados y un presupuesto para el 2009 de 34,8 millones de dólares y no llegan a difundir su programación en Cuba, a pesar de sus intentos a menudo descabellados. Mientras tanto, para transmitir en toda América Latina la propaganda imperial, la división en español de la VOA tiene... 21 empleados y un presupuesto de 3,1 millones de dólares para el 2009.
Mientras Estados Unidos vive su peor crisis desde los años 30, dispone de dinero abundante para la guerra sucia del imperio contra América Latina.
Enviado por
Revista Koeyú Latinoamericano
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Por lobogabriel - 14 de Diciembre, 2009, 8:49, Categoría: medios
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CHILE: NO AL SILENCIAMIENTO DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS
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En menos de una semana, otros tres radialistas porteños comparecieron ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, requeridos por “interceptación de telecomunicaciones” luego de una querella presentada por la Asociación de Radiodifusores de Chile ARCHI.
César Jiménez, Roberto Vergara y Gustavo Jiménez, todos pertenecientes a la Radio 2000 del sector de Montedónico, Playa Ancha, asistieron a la audiencia de formalización realizada esta mañana, y aceptaron -al igual como lo hicieran los miembros de la emisora UV 15 el pasado viernes- la medida de suspensión condicional del juicio por un año, propuesta por el Tribunal.
La suspensión del juicio implica entre otros puntos, el cese de las transmisiones de la emisora y la entrega de la antena y el transmisor
que les fueron incautados en el allanamiento realizado a la radio el pasado 30 de julio, a favor de la parte demandante, la ARCHI.
“Queremos dar por finiquitado este amargo momento para nosotros y empezar de nuevo, buscar lo que más nos gusta que es comunicar y ayudar a la ciudadanía” indicó César Jiménez a la salida de la audiencia.
Esta formalización es parte de una ya extendida maniobra que busca acallar a diversos medios comunitarios y ciudadanos a lo largo de todo Chile: radio Sin Tierra, Placeres, UV 15, Conexión, 2000, Renacer y otras, además de algunas televisoras comunitarias en distintas regiones, han debido enfrentar operativos de hostigamiento, allanamientos o procesos judiciales por encontrarse transmitiendo fuera de la normativa legal vigente, normativa que reserva el espacio radioeléctrico mayormente para los operadores comerciales.
Roberto Vergara, locutor de la emisora expresó que “me siento mal porque es como que cortan parte de mi voz, pero quiero luchar para que no me hagan callar, quiero seguir en lo que estoy haciendo y por eso espero que se siga solucionando este problema y puedan darnos algún día la concesión que necesitamos para poder hacer radio, porque radios comunitarias se necesitan mucho en este país.”
Hace varios años que el gobierno a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones no entrega concesiones para radios comunitarias en Valparaíso. Por esta razón muchas organizaciones ejercen su derecho a contar con medios de comunicación arriesgando la presentación de querellas y la incautación de su equipamiento, medidas extremas avaladas por el aparataje estatal para acallar las expresiones libres, populares y comunitarias.
FUENTE:
Equipo LaRadioneta
VALPARAÍSO
www.laradioneta.cl
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Por lobogabriel - 6 de Octubre, 2009, 8:01, Categoría: medios
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los monopolios mediaticos contra el pueblo en latinoamerica (Y el mundo)
En peligro la libertad de mentir y manipular
Estimados amigos,
El control de los medios de comunicación, ha sido, desde siempre, uno de los principales elementos de dominación en nuestros países latinoamericanos. La etapa de concentración de diarios, radios y canales en manos de corporaciones enlazadas con poderosos intereses económicos que se inició en la segunda mitad del siglo XX, multiplicó y extendió esa capacidad de moldear la conciencia de las sociedades a través del sistemático bombardeo de mentiras y manipulaciones.
Ahora, en tiempos de cambio, algunos gobiernos intentan modificar las normas que desde las dictaduras o los gobiernos neoliberales han permitido el crecimiento
sin pausa de monopolios que controlan el estratégico espacio de los medios de comunicación.
La reacción, previsible, es que la maquinaria de desinformación se ha lanzado a frenar el ejercicio soberano de esos gobiernos argumentando que está en peligro la libertad de expresión. Ellos, los dueños de la prensa, los que callaron y aplaudieron cuando las dictaduras militares bendecidas por las oligarquías y los gobiernos norteamericanos ensangrentaron nuestros países y aplastaron el menor vestigio de independencia informativa o cultural, reclaman ahora por la "libertad de expresión". Pero sus mentiras ya no caen en terreno ingenuo y fértil. Los pueblos han acumulado años de experiencia en sus luchas, y tienen conciencia de que "esa" prensa les miente, les oculta, les manipula.
Pero no está de más que recordemos como se mueven estos hasta ahora privilegiados parásitos que hacen sus negocios con su industria de colonización ideológica y cultural. Ese es el propósito de la nota que hoy compartimos con todos Ustedes.
Un cordial saludo.
Carlos
Redacción de SERPAL- Servicio de Prensa Alternativa.
______ LATINOAMÉRICA:
En peligro la libertad de mentir y manipular
* Por Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL.
Las casualidades suelen ser puntuales. Cuando se repiten o se multiplican, dejan de ser casualidades. Eso es lo que ocurre en estos últimos días con los quejidos que parten desde diversos sectores de poder con respecto "a los riesgos que corre la libertad de expresión" en algunos países del continente. Desde Nueva York a Buenos Aires, pasando por México o Santiago de Chile, pero también con "sucursales" en Europa, las usinas corporativas redoblan su campaña en defensa del control que ejercen en los grandes medios de comunicación.
Los procesos populares en marcha han afrontado que la casi totalidad de los medios privados, diarios, radios y canales, fueran -desde antes de las victorias electorales - un verdadero "coro mediático" de feroz oposición, que no duda en recurrir a la mentira, a la manipulación y al silencio sobre avances y conquistas sociales.
Su condición de ser prácticamente las únicas referencias informativas para gran parte de las sociedades, alimenta de forma permanente un clima de "acoso y derribo" hacia los líderes y los gobiernos populares.
Conscientes del riesgo que este manejo monopólico de los medios implica para los procesos que intentan cambios y transformaciones ajustados a las necesidades nacionales, varios gobiernos han decidido afrontar el problema a través de cambios normativos que permitan un acceso plural y democrático a los medios. Esas medidas justas y soberanas, han encontrado la respuesta concertada de las corporaciones mediáticas y de quienes coinciden con sus intereses económicos y de dominación cultural e ideológica. En definitiva, es un escenario más de confrontación entre los pueblos que avanzan en sus propósitos de auténtica autodeterminación, soberanía y justicia social, y los círculos minoritarios que de una forma u otra, siempre han ejercido el verdadero poder.
La "libertad" de la prensa golpista en Venezuela.
El redoble por lo que las grandes corporaciones de la comunicación entienden por "libertad de prensa" aumentó en los últimos meses, cuando comprobaron que el disfrute de espacios, licencias y privilegios que gozaron durante tantos años como eficaces soportes de dictaduras o gobiernos neoliberales estaba en riesgo. En Venezuela, clamaron cuando el gobierno no renovó a su término la licencia del grupo privado Radio Caracas Televisión. En su historial, RCTV tiene el mérito "democrático" de haber participado activamente en el golpe militar de abril del 2002 contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez. Y fue Marcel Granier, propietario de RCTV quien le garantizó al presidente de facto Pedro Carmona, "El Breve", que podía contar con el apoyo de los medios privados de comunicación. Carmona duró unas pocas horas a pesar del respaldo de las administraciones de George Bush y de José María Aznar, pero Garnier siguió su "guerra" atacando y difamando al gobierno y esperando otra oportunidad golpista. El gobierno ejerciendo su facultad constitucional, no renovó la licencia. Eso se tradujo en titulares como: "Clausuran el principal canal privado de Venezuela" y similares. Otros no tenían reparos en hablar de "dictadura mediática" o "control de la prensa" por el gobierno. En un reciente artículo, el profesor Emir Sader recordaba que de 709 radios venezolanas, 706 pertenecen a empresas privadas y 3 a entidades estatales. De los 81 canales de televisión, 2 son estatales 79 privados. En cuanto a los diarios, de los cuales 12 tienen carácter nacional y 106 son regionales, todos son privados. En su casi totalidad, pertenecen a grupos económicos nacionales o regionales, algunos con vínculos con empresas extranjeras y " ejercen la pro-oposición". Pero lo que quedan en algunas mentes son los gritos y las imágenes que profusamente difunden esos mismos medios y sus cómplices internacionales.
En Ecuador también "se acaba la fiesta".
En Ecuador, los principales diarios y canales de televisión, apostaron por el magnate Alvaro Noboa en las elecciones presidenciales que ganó Rafael Correa y su movimiento País. Desde entonces no han cesado de ejercer una oposición sistemática a través de una información sesgada. Ahora afrontan la demanda de organizaciones sociales como la CORAPE, Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y otros, incluyendo movimientos indígenas, campesinos, sindicales, estudiantiles, etc. en favor de una verdadera libertad de expresión, acceso democrático a los medios, información plural. El propio presidente Correa ha denunciado que "terminará la etapa de la dictadura mediática" a través de medidas legales, que incluyen la cancelación de licencias de obtenidas de forma irregular.
Reveló que uno de los principales canales, Teleamazonas, que es propiedad de uno de los hombres más ricos del país, señalado como gestor económico de los fondos de la Iglesia Católica Ecuatoriana, facturó muchos millones en ventas, pero en siete años no pagó un centavo de impuestos aduciendo que "tenía pérdidas". Los propietarios de los diarios se quejaron cuando el gobierno dispuso terminar con los privilegios que disfrutaban y gravó la importación de papel en un 12 por ciento.
Dueños de los grandes canales como Ecuavisa o Teleamazonas recibieron en años anteriores del Banco Central dólares a menor costo que en el mercado libre, "para facilitar la compra de producciones televisivas en el mercado norteamericano". Muchos de sus directivos hicieron fortunas comercializando estas divisas a su valor de mercado. Los diarios más importantes, "El Comercio" o "La Hora" de Quito, o "El Universo" de Guayaquil, tenían sus acciones en manos de personas o empresas domiciliadas en las Islas Caimán y en otros paraísos fiscales con el objeto de evitar el pago de sus impuestos. Una de las medidas de Correa ha sido prohibir a las instituciones del Estado contratar publicidad con empresas que tengan sus sedes o depósitos económicos en esas islas de impunidad fiscal.
También ha puesto en marcha la Radio Pública del Ecuador, con alcance nacional y una programación que procura validar una información plural y contrastada, recoger todas las voces y opiniones y la cultura nacional en todas sus vertientes.
Bolivia, la conjura de los medios.
Las conspiraciones permanentes contra el gobierno popular liderado por Evo Morales, ha tenido un inclaudicable apoyo de los medios de comunicación. A los ya tradicionales, que fueron portavoces de gobiernos neoliberales y de las varias dictaduras militares que soportó el país durante el siglo XX, se han sumado otros que cuentan con capital y directivas que provienen de transnacionales como el grupo español Prisa, que edita "La Razón". No hace falta calificarlo, cualquiera puede acceder por Internet a sus páginas,
y deducir que intereses defiende este grupo que también desembarcó allí con otro ariete cultural, la editorial Santillana, a la que recientemente el gobierno boliviano quitó la concesión para libros escolares cuestionando sus textos colonialistas y contrarios a la condición multicultural del estado boliviano. "La Razón" ha torpedeado con sus editoriales, sus sesgadas noticias y sus columnistas, el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, y ha defendido desde sus páginas los intereses de la transnacional Repsol, también de origen español.
El gobierno ha promovido una red de emisoras que tienen un fuerte contenido educativo y que respetan las distintas lenguas y culturas indígenas, pero el acceso y control de los principales medios gráficos y televisivos está casi enteramente en manos privadas, es decir en grupos económicos que tienen estrechos vínculos y comparten intereses con los partidos tradicionales hoy en la oposición.
Los medios regionales, como "El Deber" de Santa Cruz de la Sierra, se han enrolado en las batallas "autonómicas" con las que las oligarquías departamentales han intentado bloquear el proceso constituyente y otras reformas del gobierno boliviano. Este diario es el de mayor circulación y es el medio más significativo de la familia Rivero, miembro destacado de la oligarquía tradicional propietaria de medios de comunicación, como detalladamente señala en un informe el periodista Pascual Serrano. Como es habitual, los Rivero han extendido su control a otros medios, con la compra de acciones del canal PAT, que pertenece a la familia Daher, otro empresario de Santa Cruz, dueño también de la aerolínea Aerosur. Ambos medios, el diario "El Deber" y la televisora PAT, conforman el Grupo Líder con intereses en otros diversos medios.
En Argentina, una "clarinada" de alerta
Que en Argentina la presunta independencia de los medios de comunicación sea un tema de reflexión y de debate, ya es en sí, una buena noticia. Aún cuando sea el resultado de los aullidos lastimeros de los grupos que hasta ahora depredaban fácilmente en el territorio alfombrado por la vigente legislación de la dictadura del 76. Eso sí, cabe recordar que a fines de 1989 y bajo el primer gobierno de Carlos Menem, el entonces ministro de Obras Públicas Dr. Roberto Dromi, “mejoró” aquella norma, derogando el art.45 inciso “e” de la Ley de Radiodifusión que prohibía a las empresas periodísticas gráficas el acceso a la Radio y a la TV. Nacía entonces la era de los “grupos multimedios” y la concentración en muy pocas manos de la información, el análisis y hasta de las pautas de “entretenimiento”.
Uno de los que creció sin cesar y se convirtió en el más poderoso grupo multimedios en Argentina es "Clarín", que practicó a rajatabla el principio de que la información es una mercancía y no un bien social. Desde su mastodónica dimensión ha ejercido como potente factor de presión "orientando" las medidas estratégicas de varios gobiernos. Fue junto con "La Nación", uno de los principales beneficiarios de la medida tomada por la dictadura militar en el 76, cuando se quedaron con las acciones de "Papel Prensa", proveedora de la materia prima básica para los periódicos, gracias al traspaso a "punta de pistola" obtenido por los represores a través del secuestro de la familia Graiver, hasta entonces propietaria. Eran tiempos en que se proclamaban "derechos y humanos", burlándose de las campañas internacionales que denunciaban el terror, la represión y la absoluta
censura periodística y cultural. Ellos eran obedientes y respetuosos de las directivas y deseos de la dictadura. Ahora, ante el proyecto del gobierno argentino de una Ley de medios Audiovisuales que entre otras medidas limita la concentración de licencias en un solo grupo, o promueve el acceso de organizaciones de la sociedad civil a un tercio de los medios, reclaman que "si una ley controla los medios, no hay libertad". Si actualmente el grupo "Clarín" y "La Nación" a través de sus distintos enlaces empresariales controlan más del 80% de los medios de comunicación y existe una ley que lo permite, la pregunta obvia es : ¿ en que consiste la "libertad" actual ?
Cambios peligrosos…para ellos.
Los quejidos de los grupos que ejercen el monopolio y el control de los medios en Argentina, han llegado esta semana a Europa y se han instalado en los grandes medios españoles. Les preocupa la posibilidad del cambio de legislación en Argentina, pero también temen que eso suceda en otros países donde soplan aires de cambio que pueden afectar sus intereses. Y cuando escribo “intereses” no me refiero únicamente a la posible disminución de beneficios al reducirse la cuota de acceso y dominio de medios, sino a sus objetivos de poder e influencia. Porque los grupos multimedios son factorías donde se moldea la opinión pública a base de machacar a lectores, oyentes o televidentes con las mismas noticias, convenientemente orientadas y maquilladas para que cumplan los fines previstos. Y por supuesto, donde también se ocultan otras informaciones, y otros puntos de vista.
Me explico con ejemplos: el diario español “El País” que pertenece al Grupo Prisa, ha publicado en 48 horas dos artículos referidos a la situación de la prensa latinoamericana. Desde sus titulares: “La prensa estorba al eje bolivariano", el diario “El País” no deja mucho espacio para el libre discurrir del lector. El pasado domingo “explicó” el debate en Argentina sobre la reforma de la ley de medios de la dictadura bajo estos titulares: “El matrimonio presidencial argentino maniobra para controlar los medios” y “la guerra al grupo Clarín deriva en una batalla contra todo el sector”. En realidad, lo que está defendiendo ese diario madrileño es el acceso que tienen multinacionales de matriz española para ejercer el control de medios de los países latinoamericanos, como ya lo hizo en Argentina la empresa Telefónica, con su participación en Radio Continental, La Red, FM Hits, Telefé y diversos canales del interior.
Suponiendo que lo que definen como “la guerra contra Clarín”, en realidad fuera el único objetivo de la nueva legislación, PRISA, como grupo multimedios también se siente “en guerra” y actúa en consecuencia. Y al día siguiente, el diario argentino recogió los ecos españoles de sus propios lamentos de monopolio herido, y citó que “ el diario “El País” de España, uno de los más importantes de Europa, le dedicó en su edición de ayer la tapa y sus dos primeras páginas a la ley de medios kirchnerista y a la relación con la prensa de lo que llama el ‘eje bolivariano’ a lo que hizo duros cuestionamientos.” Y añade más adelante: “Otro diario de la península ibérica, "Público", señaló ayer en su tapa "La ley de los Kirchner contra la prensa libre". Claro que “Clarín” omitó un pequeño detalle: que ese texto en el diario español lo firmaba Miguel Wiñaski, director de la escuela de periodismo de “Clarín”. Esa es la objetividad y la “libertad de prensa” que predican.
¿ SIP o PIS ?
“El País” y otros medios españoles cuentan en su prédica contra los gobiernos populares latinoamericanos con el respaldo de aquella vieja conocida de los latinoamericanos, la Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP ), esa superestructura patronal montada en 1950 en Nueva York por los dueños de los grandes medios, que durante las dictaduras militares de los años 70 y 80, no tuvieron dificultades en confraternizar con los represores y aceptar todas sus normas y arbitrarias restricciones. Uno de sus principales impulsores fue Jules Dubois, coronel de la inteligencia militar norteamericana. Su presidente actual, Enrique Santos, para disculpar a los diarios que ejercen una recalcitrante oposición a los gobiernos populares apeló a una frase desafortunada y que trae dolorosas reminiscencias para los argentinos. “Claro que hay errores y excesos” afirmó el titular de la SIP, pero son parte de la “lucha de opinión”.
La SIP mantiene en un segundo plano la censura de prensa y la destrucción de equipos de los medios independientes en Honduras, que son parte de la represión ejercida por los golpistas hondureños. Por último, hagamos memoria: desde 1965 a 1980 integró la Junta de Directores de la SIP la recientemente fallecida directora del diario argentino “La Nueva Provincia”, que fue el faro ideológico de la dictadura militar, impulsor de ideas fascistas, y promotor de una "represión sin debilidades" en sus editoriales. Pocos meses de consumado el golpe, dos obreros gráficos del diario que habían encabezado huelgas en reclamo del cumplimiento de su convenio, fueron secuestrados y asesinados por grupos operativos de la dictadura, crímenes todavía impunes. Entre 2000 y 2001 el presidente de la entidad fue Danilo Arbilla, ex director de prensa durante la dictadura militar uruguaya, que cerró 173 medios de comunicación en ese país hermano. La SIP es la “columna democrática” que avala la campaña contra el “eje bolivariano” que quita el sueño a las oligarquías del continente.-
No quieren perder la libertad de mentir y manipular
En anteriores artículos referidos al golpe en Honduras, o al convenio por el cual el presidente Uribe cede la utilización en territorio colombiano de 7 bases militares de aire, mar y tierra al ejército norteamericano, escribía que estamos ante una contraofensiva de las oligarquías latinoamericanas, de los sectores políticos tradicionales desplazados del poder en algunos países y con riesgo de perderlo en otros. Una operación de "reconquista" que tiene poderosos aliados en la ultraderecha norteamericana, con arraigo en el Partido Republicano, pero también con raíces en el partido Demócrata desde el cual accedió a un poder limitado Barack Obama.
La cuestión del control de los medios de comunicación es estratégica y casi decisiva en esta confrontación. Y ellos no quieren perder la libertad de mentir y manipular, tal como lo vienen haciendo. Hace unos dos años, el profesor Emir Sader ya escribía: “Frente a las debilidades políticas e ideológicas de la derecha, los grandes monopolios privados de los medios de comunicación asumen la función de dirigentes de la derecha latinoamericana. Actualmente, los grandes grupos oligárquicos que dominan la prensa del continente vuelven a desempeñar ese papel. Es un bloque que constituye un frente continental, solidario en la defensa de sus intereses corporativos que chocan frontalmente con la construcción de democracias en el continente. Nunca tendremos democracias en América Latina sin que exista un proceso democrático de construcción de opinión pública que sea transparente, pluralista, público.”
En anteriores artículos referidos al golpe en Honduras, o al convenio por el cual el presidente Uribe cede la utilización en territorio colombiano de 7 bases militares de aire, mar y tierra al ejército norteamericano, escribía que estamos ante una contraofensiva de las oligarquías latinoamericanas, de los sectores políticos tradicionales desplazados del poder en algunos países y con riesgo de perderlo en otros. Una operación de "reconquista" que tiene poderosos aliados en la ultraderecha norteamericana, con arraigo en el Partido Republicano, pero también con raíces en el partido Demócrata desde el cual accedió a un poder limitado Barack Obama.
La cuestión del control de los medios de comunicación es estratégica y casi decisiva en esta confrontación. Y ellos no quieren perder la libertad de mentir y manipular, tal como lo vienen haciendo. Hace unos dos años, el profesor Emir Sader ya escribía: “Frente a las debilidades políticas e ideológicas de la derecha, los grandes monopolios privados de los medios de comunicación asumen la función de dirigentes de la derecha latinoamericana. Actualmente, los grandes grupos oligárquicos que dominan la prensa del continente vuelven a desempeñar ese papel. Es un bloque que constituye un frente continental, solidario en la defensa de sus intereses corporativos que chocan frontalmente con la construcción de democracias en el continente. Nunca tendremos democracias en América Latina sin que exista un proceso democrático de construcción de opinión pública que sea transparente, pluralista, público.”
Y hace ya muchos años un escritor y pensador argentino, dijo que "no existe la libertad de prensa, tan sólo es una máscara de la libertad de empresa." Arturo Jauretche autor entre otras obras de "Los Profetas del Odio y la Yapa. La colonización pedagógica" escribió entonces que "los medios de información y la difusión de ideas están gobernadas, como los precios en el mercado y son también mercaderías. La prensa nos dice todos los días que su libertad es imprescindible para el desarrollo de la sociedad humana, y nos propone sus beneficios por oposición a los sistemas que la restringen por medio del estatismo. Pero nos oculta la naturaleza de esa libertad, tan restrictiva como la del Estado, aunque más hipócrita, porque el libre acceso a las fuentes de información no implica la libre discusión, ni la honesta difusión, ya que ese libre acceso se condiciona a los intereses de los grupos dominantes que dan la versión y la difunden. Mientras los totalitarios reprimen toda información y toda manifestación de la conciencia popular, los cabecillas de la plutocracia impiden, por el manejo organizado de los medios de formación de las ideas, que los pueblos tengan conciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos intereses. Grupos capitalistas tienen en sus manos la universidad, la escuela, el libro, el periodismo y la radiotelefonía. No necesitan recurrir a la violencia para reprimir los estados de conciencia que le son inconvenientes. Les basta con impedir que ellos se formen."
* Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL.
En peligro la libertad de mentir y manipular
* Por Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL.
Las casualidades suelen ser puntuales. Cuando se repiten o se multiplican, dejan de ser casualidades. Eso es lo que ocurre en estos últimos días con los quejidos que parten desde diversos sectores de poder con respecto "a los riesgos que corre la libertad de expresión" en algunos países del continente. Desde Nueva York a Buenos Aires, pasando por México o Santiago de Chile, pero también con "sucursales" en Europa, las usinas corporativas redoblan su campaña en defensa del control que ejercen en los grandes medios de comunicación.
Los procesos populares en marcha han afrontado que la casi totalidad de los medios privados, diarios, radios y canales, fueran -desde antes de las victorias electorales - un verdadero "coro mediático" de feroz oposición, que no duda en recurrir a la mentira, a la manipulación y al silencio sobre avances y conquistas sociales.
Su condición de ser prácticamente las únicas referencias informativas para gran parte de las sociedades, alimenta de forma permanente un clima de "acoso y derribo" hacia los líderes y los gobiernos populares.
Conscientes del riesgo que este manejo monopólico de los medios implica para los procesos que intentan cambios y transformaciones ajustados a las necesidades nacionales, varios gobiernos han decidido afrontar el problema a través de cambios normativos que permitan un acceso plural y democrático a los medios. Esas medidas justas y soberanas, han encontrado la respuesta concertada de las corporaciones mediáticas y de quienes coinciden con sus intereses económicos y de dominación cultural e ideológica. En definitiva, es un escenario más de confrontación entre los pueblos que avanzan en sus propósitos de auténtica autodeterminación, soberanía y justicia social, y los círculos minoritarios que de una forma u otra, siempre han ejercido el verdadero poder.
La "libertad" de la prensa golpista en Venezuela.
El redoble por lo que las grandes corporaciones de la comunicación entienden por "libertad de prensa" aumentó en los últimos meses, cuando comprobaron que el disfrute de espacios, licencias y privilegios que gozaron durante tantos años como eficaces soportes de dictaduras o gobiernos neoliberales estaba en riesgo. En Venezuela, clamaron cuando el gobierno no renovó a su término la licencia del grupo privado Radio Caracas Televisión. En su historial, RCTV tiene el mérito "democrático" de haber participado activamente en el golpe militar de abril del 2002 contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez. Y fue Marcel Granier, propietario de RCTV quien le garantizó al presidente de facto Pedro Carmona, "El Breve", que podía contar con el apoyo de los medios privados de comunicación. Carmona duró unas pocas horas a pesar del respaldo de las administraciones de George Bush y de José María Aznar, pero Garnier siguió su "guerra" atacando y difamando al gobierno y esperando otra oportunidad golpista. El gobierno ejerciendo su facultad constitucional, no renovó la licencia. Eso se tradujo en titulares como: "Clausuran el principal canal privado de Venezuela" y similares. Otros no tenían reparos en hablar de "dictadura mediática" o "control de la prensa" por el gobierno. En un reciente artículo, el profesor Emir Sader recordaba que de 709 radios venezolanas, 706 pertenecen a empresas privadas y 3 a entidades estatales. De los 81 canales de televisión, 2 son estatales 79 privados. En cuanto a los diarios, de los cuales 12 tienen carácter nacional y 106 son regionales, todos son privados. En su casi totalidad, pertenecen a grupos económicos nacionales o regionales, algunos con vínculos con empresas extranjeras y " ejercen la pro-oposición". Pero lo que quedan en algunas mentes son los gritos y las imágenes que profusamente difunden esos mismos medios y sus cómplices internacionales.
En Ecuador también "se acaba la fiesta".
En Ecuador, los principales diarios y canales de televisión, apostaron por el magnate Alvaro Noboa en las elecciones presidenciales que ganó Rafael Correa y su movimiento País. Desde entonces no han cesado de ejercer una oposición sistemática a través de una información sesgada. Ahora afrontan la demanda de organizaciones sociales como la CORAPE, Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y otros, incluyendo movimientos indígenas, campesinos, sindicales, estudiantiles, etc. en favor de una verdadera libertad de expresión, acceso democrático a los medios, información plural. El propio presidente Correa ha denunciado que "terminará la etapa de la dictadura mediática" a través de medidas legales, que incluyen la cancelación de licencias de obtenidas de forma irregular.
Reveló que uno de los principales canales, Teleamazonas, que es propiedad de uno de los hombres más ricos del país, señalado como gestor económico de los fondos de la Iglesia Católica Ecuatoriana, facturó muchos millones en ventas, pero en siete años no pagó un centavo de impuestos aduciendo que "tenía pérdidas". Los propietarios de los diarios se quejaron cuando el gobierno dispuso terminar con los privilegios que disfrutaban y gravó la importación de papel en un 12 por ciento.
Dueños de los grandes canales como Ecuavisa o Teleamazonas recibieron en años anteriores del Banco Central dólares a menor costo que en el mercado libre, "para facilitar la compra de producciones televisivas en el mercado norteamericano". Muchos de sus directivos hicieron fortunas comercializando estas divisas a su valor de mercado. Los diarios más importantes, "El Comercio" o "La Hora" de Quito, o "El Universo" de Guayaquil, tenían sus acciones en manos de personas o empresas domiciliadas en las Islas Caimán y en otros paraísos fiscales con el objeto de evitar el pago de sus impuestos. Una de las medidas de Correa ha sido prohibir a las instituciones del Estado contratar publicidad con empresas que tengan sus sedes o depósitos económicos en esas islas de impunidad fiscal.
También ha puesto en marcha la Radio Pública del Ecuador, con alcance nacional y una programación que procura validar una información plural y contrastada, recoger todas las voces y opiniones y la cultura nacional en todas sus vertientes.
Bolivia, la conjura de los medios.
Las conspiraciones permanentes contra el gobierno popular liderado por Evo Morales, ha tenido un inclaudicable apoyo de los medios de comunicación. A los ya tradicionales, que fueron portavoces de gobiernos neoliberales y de las varias dictaduras militares que soportó el país durante el siglo XX, se han sumado otros que cuentan con capital y directivas que provienen de transnacionales como el grupo español Prisa, que edita "La Razón". No hace falta calificarlo, cualquiera puede acceder por Internet a sus páginas,
y deducir que intereses defiende este grupo que también desembarcó allí con otro ariete cultural, la editorial Santillana, a la que recientemente el gobierno boliviano quitó la concesión para libros escolares cuestionando sus textos colonialistas y contrarios a la condición multicultural del estado boliviano. "La Razón" ha torpedeado con sus editoriales, sus sesgadas noticias y sus columnistas, el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, y ha defendido desde sus páginas los intereses de la transnacional Repsol, también de origen español.
El gobierno ha promovido una red de emisoras que tienen un fuerte contenido educativo y que respetan las distintas lenguas y culturas indígenas, pero el acceso y control de los principales medios gráficos y televisivos está casi enteramente en manos privadas, es decir en grupos económicos que tienen estrechos vínculos y comparten intereses con los partidos tradicionales hoy en la oposición.
Los medios regionales, como "El Deber" de Santa Cruz de la Sierra, se han enrolado en las batallas "autonómicas" con las que las oligarquías departamentales han intentado bloquear el proceso constituyente y otras reformas del gobierno boliviano. Este diario es el de mayor circulación y es el medio más significativo de la familia Rivero, miembro destacado de la oligarquía tradicional propietaria de medios de comunicación, como detalladamente señala en un informe el periodista Pascual Serrano. Como es habitual, los Rivero han extendido su control a otros medios, con la compra de acciones del canal PAT, que pertenece a la familia Daher, otro empresario de Santa Cruz, dueño también de la aerolínea Aerosur. Ambos medios, el diario "El Deber" y la televisora PAT, conforman el Grupo Líder con intereses en otros diversos medios.
En Argentina, una "clarinada" de alerta
Que en Argentina la presunta independencia de los medios de comunicación sea un tema de reflexión y de debate, ya es en sí, una buena noticia. Aún cuando sea el resultado de los aullidos lastimeros de los grupos que hasta ahora depredaban fácilmente en el territorio alfombrado por la vigente legislación de la dictadura del 76. Eso sí, cabe recordar que a fines de 1989 y bajo el primer gobierno de Carlos Menem, el entonces ministro de Obras Públicas Dr. Roberto Dromi, “mejoró” aquella norma, derogando el art.45 inciso “e” de la Ley de Radiodifusión que prohibía a las empresas periodísticas gráficas el acceso a la Radio y a la TV. Nacía entonces la era de los “grupos multimedios” y la concentración en muy pocas manos de la información, el análisis y hasta de las pautas de “entretenimiento”.
Uno de los que creció sin cesar y se convirtió en el más poderoso grupo multimedios en Argentina es "Clarín", que practicó a rajatabla el principio de que la información es una mercancía y no un bien social. Desde su mastodónica dimensión ha ejercido como potente factor de presión "orientando" las medidas estratégicas de varios gobiernos. Fue junto con "La Nación", uno de los principales beneficiarios de la medida tomada por la dictadura militar en el 76, cuando se quedaron con las acciones de "Papel Prensa", proveedora de la materia prima básica para los periódicos, gracias al traspaso a "punta de pistola" obtenido por los represores a través del secuestro de la familia Graiver, hasta entonces propietaria. Eran tiempos en que se proclamaban "derechos y humanos", burlándose de las campañas internacionales que denunciaban el terror, la represión y la absoluta
censura periodística y cultural. Ellos eran obedientes y respetuosos de las directivas y deseos de la dictadura. Ahora, ante el proyecto del gobierno argentino de una Ley de medios Audiovisuales que entre otras medidas limita la concentración de licencias en un solo grupo, o promueve el acceso de organizaciones de la sociedad civil a un tercio de los medios, reclaman que "si una ley controla los medios, no hay libertad". Si actualmente el grupo "Clarín" y "La Nación" a través de sus distintos enlaces empresariales controlan más del 80% de los medios de comunicación y existe una ley que lo permite, la pregunta obvia es : ¿ en que consiste la "libertad" actual ?
Cambios peligrosos…para ellos.
Los quejidos de los grupos que ejercen el monopolio y el control de los medios en Argentina, han llegado esta semana a Europa y se han instalado en los grandes medios españoles. Les preocupa la posibilidad del cambio de legislación en Argentina, pero también temen que eso suceda en otros países donde soplan aires de cambio que pueden afectar sus intereses. Y cuando escribo “intereses” no me refiero únicamente a la posible disminución de beneficios al reducirse la cuota de acceso y dominio de medios, sino a sus objetivos de poder e influencia. Porque los grupos multimedios son factorías donde se moldea la opinión pública a base de machacar a lectores, oyentes o televidentes con las mismas noticias, convenientemente orientadas y maquilladas para que cumplan los fines previstos. Y por supuesto, donde también se ocultan otras informaciones, y otros puntos de vista.
Me explico con ejemplos: el diario español “El País” que pertenece al Grupo Prisa, ha publicado en 48 horas dos artículos referidos a la situación de la prensa latinoamericana. Desde sus titulares: “La prensa estorba al eje bolivariano", el diario “El País” no deja mucho espacio para el libre discurrir del lector. El pasado domingo “explicó” el debate en Argentina sobre la reforma de la ley de medios de la dictadura bajo estos titulares: “El matrimonio presidencial argentino maniobra para controlar los medios” y “la guerra al grupo Clarín deriva en una batalla contra todo el sector”. En realidad, lo que está defendiendo ese diario madrileño es el acceso que tienen multinacionales de matriz española para ejercer el control de medios de los países latinoamericanos, como ya lo hizo en Argentina la empresa Telefónica, con su participación en Radio Continental, La Red, FM Hits, Telefé y diversos canales del interior.
Suponiendo que lo que definen como “la guerra contra Clarín”, en realidad fuera el único objetivo de la nueva legislación, PRISA, como grupo multimedios también se siente “en guerra” y actúa en consecuencia. Y al día siguiente, el diario argentino recogió los ecos españoles de sus propios lamentos de monopolio herido, y citó que “ el diario “El País” de España, uno de los más importantes de Europa, le dedicó en su edición de ayer la tapa y sus dos primeras páginas a la ley de medios kirchnerista y a la relación con la prensa de lo que llama el ‘eje bolivariano’ a lo que hizo duros cuestionamientos.” Y añade más adelante: “Otro diario de la península ibérica, "Público", señaló ayer en su tapa "La ley de los Kirchner contra la prensa libre". Claro que “Clarín” omitó un pequeño detalle: que ese texto en el diario español lo firmaba Miguel Wiñaski, director de la escuela de periodismo de “Clarín”. Esa es la objetividad y la “libertad de prensa” que predican.
¿ SIP o PIS ?
“El País” y otros medios españoles cuentan en su prédica contra los gobiernos populares latinoamericanos con el respaldo de aquella vieja conocida de los latinoamericanos, la Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP ), esa superestructura patronal montada en 1950 en Nueva York por los dueños de los grandes medios, que durante las dictaduras militares de los años 70 y 80, no tuvieron dificultades en confraternizar con los represores y aceptar todas sus normas y arbitrarias restricciones. Uno de sus principales impulsores fue Jules Dubois, coronel de la inteligencia militar norteamericana. Su presidente actual, Enrique Santos, para disculpar a los diarios que ejercen una recalcitrante oposición a los gobiernos populares apeló a una frase desafortunada y que trae dolorosas reminiscencias para los argentinos. “Claro que hay errores y excesos” afirmó el titular de la SIP, pero son parte de la “lucha de opinión”.
La SIP mantiene en un segundo plano la censura de prensa y la destrucción de equipos de los medios independientes en Honduras, que son parte de la represión ejercida por los golpistas hondureños. Por último, hagamos memoria: desde 1965 a 1980 integró la Junta de Directores de la SIP la recientemente fallecida directora del diario argentino “La Nueva Provincia”, que fue el faro ideológico de la dictadura militar, impulsor de ideas fascistas, y promotor de una "represión sin debilidades" en sus editoriales. Pocos meses de consumado el golpe, dos obreros gráficos del diario que habían encabezado huelgas en reclamo del cumplimiento de su convenio, fueron secuestrados y asesinados por grupos operativos de la dictadura, crímenes todavía impunes. Entre 2000 y 2001 el presidente de la entidad fue Danilo Arbilla, ex director de prensa durante la dictadura militar uruguaya, que cerró 173 medios de comunicación en ese país hermano. La SIP es la “columna democrática” que avala la campaña contra el “eje bolivariano” que quita el sueño a las oligarquías del continente.-
No quieren perder la libertad de mentir y manipular
En anteriores artículos referidos al golpe en Honduras, o al convenio por el cual el presidente Uribe cede la utilización en territorio colombiano de 7 bases militares de aire, mar y tierra al ejército norteamericano, escribía que estamos ante una contraofensiva de las oligarquías latinoamericanas, de los sectores políticos tradicionales desplazados del poder en algunos países y con riesgo de perderlo en otros. Una operación de "reconquista" que tiene poderosos aliados en la ultraderecha norteamericana, con arraigo en el Partido Republicano, pero también con raíces en el partido Demócrata desde el cual accedió a un poder limitado Barack Obama.
La cuestión del control de los medios de comunicación es estratégica y casi decisiva en esta confrontación. Y ellos no quieren perder la libertad de mentir y manipular, tal como lo vienen haciendo. Hace unos dos años, el profesor Emir Sader ya escribía: “Frente a las debilidades políticas e ideológicas de la derecha, los grandes monopolios privados de los medios de comunicación asumen la función de dirigentes de la derecha latinoamericana. Actualmente, los grandes grupos oligárquicos que dominan la prensa del continente vuelven a desempeñar ese papel. Es un bloque que constituye un frente continental, solidario en la defensa de sus intereses corporativos que chocan frontalmente con la construcción de democracias en el continente. Nunca tendremos democracias en América Latina sin que exista un proceso democrático de construcción de opinión pública que sea transparente, pluralista, público.”
En anteriores artículos referidos al golpe en Honduras, o al convenio por el cual el presidente Uribe cede la utilización en territorio colombiano de 7 bases militares de aire, mar y tierra al ejército norteamericano, escribía que estamos ante una contraofensiva de las oligarquías latinoamericanas, de los sectores políticos tradicionales desplazados del poder en algunos países y con riesgo de perderlo en otros. Una operación de "reconquista" que tiene poderosos aliados en la ultraderecha norteamericana, con arraigo en el Partido Republicano, pero también con raíces en el partido Demócrata desde el cual accedió a un poder limitado Barack Obama.
La cuestión del control de los medios de comunicación es estratégica y casi decisiva en esta confrontación. Y ellos no quieren perder la libertad de mentir y manipular, tal como lo vienen haciendo. Hace unos dos años, el profesor Emir Sader ya escribía: “Frente a las debilidades políticas e ideológicas de la derecha, los grandes monopolios privados de los medios de comunicación asumen la función de dirigentes de la derecha latinoamericana. Actualmente, los grandes grupos oligárquicos que dominan la prensa del continente vuelven a desempeñar ese papel. Es un bloque que constituye un frente continental, solidario en la defensa de sus intereses corporativos que chocan frontalmente con la construcción de democracias en el continente. Nunca tendremos democracias en América Latina sin que exista un proceso democrático de construcción de opinión pública que sea transparente, pluralista, público.”
Y hace ya muchos años un escritor y pensador argentino, dijo que "no existe la libertad de prensa, tan sólo es una máscara de la libertad de empresa." Arturo Jauretche autor entre otras obras de "Los Profetas del Odio y la Yapa. La colonización pedagógica" escribió entonces que "los medios de información y la difusión de ideas están gobernadas, como los precios en el mercado y son también mercaderías. La prensa nos dice todos los días que su libertad es imprescindible para el desarrollo de la sociedad humana, y nos propone sus beneficios por oposición a los sistemas que la restringen por medio del estatismo. Pero nos oculta la naturaleza de esa libertad, tan restrictiva como la del Estado, aunque más hipócrita, porque el libre acceso a las fuentes de información no implica la libre discusión, ni la honesta difusión, ya que ese libre acceso se condiciona a los intereses de los grupos dominantes que dan la versión y la difunden. Mientras los totalitarios reprimen toda información y toda manifestación de la conciencia popular, los cabecillas de la plutocracia impiden, por el manejo organizado de los medios de formación de las ideas, que los pueblos tengan conciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos intereses. Grupos capitalistas tienen en sus manos la universidad, la escuela, el libro, el periodismo y la radiotelefonía. No necesitan recurrir a la violencia para reprimir los estados de conciencia que le son inconvenientes. Les basta con impedir que ellos se formen."
* Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL.
11 de setiembre de 2009- Enviado por SERPAL- Servicio de Prensa Alternativa- Suscripción gratuita a c.e. serpal@wanadoo.es - www.serpal.info
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Por lobogabriel - 12 de Septiembre, 2009, 9:22, Categoría: medios
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La historia de una plaga global
Argentina
Y sí, la palabra es ancha pero ajena
La historia de una plaga global
Diego Ghersi
La región y el mundo observan el intento del Ejecutivo argentino por promover una ley de servicios audiovisuales que acabe con la concentración mediática y amplíe la libertad de expresión.
Las expectativas globales están fundadas. Se trata de un proyecto de ley de medios audiovisuales elaborado por académicos y profesionales de la comunicación, y avalado por intelectuales de renombre y treinta años de investigación.
El proyecto emerge como el más serio intento de desbaratar el actual esquema de concentración de medios. El mismo esquema que monopoliza los mensajes para construir realidades afines a su parcialidad de clase y a sus intereses económicos.
En ese sentido, el gobierno argentino es pionero en la solución de un problema que no reconoce fronteras regionales ni mundiales.
En Chile la concentración actual de la prensa va extendiendo su influencia. En 2007 se permitió que el grupo español PRISA adquiriera doce cadenas de radio, monopolizando el 40 por ciento de las emisoras FM del país. El 21 de agosto de 2009 el Congreso aprobó una normativa que afectará al sistema radial de concesiones durante los próximos 25 años, y mantiene el actual perfil de distribución del espectro radioeléctrico, considerado como el de mayor concentración de la propiedad en la historia de la radiofonía chilena.
En cuanto a la prensa escrita, seis de los siete diarios de circulación nacional pertenecen a dos grupos económicos con una clara ideología común: Grupo Edwards (El Mercurio, La Segunda y Las Últimas Noticias) y el Grupo Saieh o COPESA ( La Tercera , La Cuarta y Diario Siete).
En Venezuela, los principales grupos que detentan el control del espacio radioeléctrico, son los dueños de las plantas televisivas RCTV y Venevisión. Ambas empresas concentran el 85 por ciento de la inversión publicitaria en medios de comunicación y el 66 por ciento del poder de transmisión; dominan las redes de difusión de señales, y controlan el 80 por ciento de la producción y elaboración de mensajes, informaciones y contenidos que se difunden en el país.
Durante varias décadas, la televisión comercial fue un oligopolio de dos familias constituidas como poderosos grupos económicos: la Organización Cisneros, dueña de Venevisión, y el grupo 1BC, encabezado por las familias Grainer y Bottomone, que controlan Radio Caracas Televisión y Radio Caracas.
Con posterioridad surgieron Televen, de Camero Zamora; Globovisión, de Guillermo Zuloaga; CMT, de Humberto Zugaro y Meridiano TV, de Armando de Armas.
Esos grupos controlan el 94 por ciento de la cobertura nacional y desarrollan el 85 por ciento de la potencia efectiva irradiada, dejando al sector público el 15 por ciento.
Los propietarios de algunos canales poseen también cadenas editoriales. Tal es el caso de Armando de Armas, propietario de los diarios 2001 y Meridiano.
Algunos canales de TV cuentan con participación de accionistas extranjeros, como es el caso de Radio Caracas Televisión, en la que interviene capital colombiano.
El espacio radioeléctrico es controlado por veintisiete familias propietarias de un tercio de las emisoras de radio existentes. De igual manera pertenecen a la esfera privada 65 televisoras de todo el país, de las que seis son de alcance nacional y la mitad está bajo la influencia de la Iglesia Católica (Televisora Andina de Merina, Canal de los Niños Cantores de Zulia y Vale TV).
En Estados Unidos, diez corporaciones poseen o controlan los grandes medios de información: prensa, radio y televisión.
Esas empresas también están vinculadas con el negocio del entretenimiento y la cultura de masas -esfera editorial, industria musical, cine, la producción y distribución de contenidos de televisión, salas de teatro e Internet- dentro y fuera de territorio estadounidense.
La situación fue destacada el 24 de agosto por Noam Chomsky, quien en una conferencia ofrecida en Caracas manifestó que “En Estados Unidos el sistema socioeconómico está diseñado para que el control de los medios esté en las manos de una minoría, dueña de grandes corporaciones (...) y el resultado es que debajo de la `libertad de expresión` están siempre los intereses financieros de esos grupos”.
En México funcionan dos poderosas cadenas, una dominada por Televisa, de la familia Azcárraga y vinculada al Grupo Cisneros de Venezuela, una de las mayores fortunas del mundo. La otra es Azteca América, de Ricardo Salinas Pliego y sus socios Pedro Padilla Longoria y Luís Echarte Fernández, ambas con inversiones en Estados Unidos.
En Brasil, el grupo O` Globo, es propiedad de la familia Marinho, de Río de Janeiro, en sociedad con el magnate mexicano Carlos Slim. Junto a los Marinho, en los últimos 20 años también se han consolidado otras poderosas familias, como los Sirotsky, dueños del grupo RBS; los Civitas, propietarios de Abril; y los Frías, impulsores de Folha.
En las manos de esos pocos propietarios está ahora la comunicación brasileña, si bien la presencia extranjera, especialmente de empresas como Televisa o Grupo Cisneros, es cada vez mayor. Incluso Telmex, la operadora de Carlos Slim, está a punto de pasar a controlar Net Serviços, primera compañía de cable hasta ahora propiedad de O`Globo.
Los ejemplos citados son muestra de una situación de compleja concentración, repetida en cualquier país que se observe, y generadora de una pelea desigual que desequilibra a los gobiernos democráticos no complacientes con los intereses corporativos mediáticos.
Romper ese esquema es hoy lo que se debate en el Congreso argentino. De ahí su importancia.
- Diego Ghersi | Redacción de APM.
Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4436
http://alainet.org/active/32848
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Por lobogabriel - 11 de Septiembre, 2009, 7:02, Categoría: medios
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Medios, “triple play” y servicios públicos
Argentina
Voces para un debate jurídico
Medios, “triple play” y servicios públicos
Manuel Larrondo
El objetivo central debe ser la protección del derecho de todo ser humano a informar y estar informado
En su Art. 45 (Inciso H), la ley 22.285 - de Radiodifusión vigente - expresamente exige que las personas jurídicas que prestan un servicio público (gas, electricidad, telefonía, etc.) no puedan ser licenciatarias de una señal de radio o TV.
¿Cuál es la razón de tal prohibición? Según se desprende de los debates que tuvieron lugar al momento de sancionarse la reforma al referido Art. 45, el fin consistía en evitar la posible conformación de situaciones monopólicas derivadas de un factible abuso de la posición dominante, que podrían exhibir dichas empresas. De hecho el Decreto 62/90, que dispuso la privatización de la ex – ENTEL en 1990, prohibió expresamente a las licenciatarias del servicio básico de telefonía y telecomunicaciones en régimen de competencia (por ej. telefonía móvil o Internet, los cuales no tienen calidad de servicio público) que presten servicios de radiodifusión.
Sin embargo, la prohibición legal del art. 45 actualmente queda casi sin efecto si tenemos en cuenta que la tecnología actual permite que por un mismo conducto se transporte voz, imagen, datos, sonido; esto es, telefonía, Internet, TV y radio. Esta fusión de tecnología condujo a la unión de servicios casi de manera inescindible.
Es así que a través del decreto 764/00 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional se consagra el sistema de licencia única para la prestación de servicios de telecomunicaciones, posibilitando la integración de servicios, al permitírseles a los prestadores de servicios de radiodifusión prestar servicios de telecomunicaciones [1].
De todas formas, el referido decreto no brinda la solución mágica al problema legislativo ya que, en la actualidad, la ley 19.798 de Telecomunicaciones [2] rige esa actividad y la ley 22.285 a la radiodifusión. Básicamente, la Secretaría de Comunicaciones de la Nación y la Comisión Nacional de Comunicaciones son los órganos del Estado competentes en telecomunicaciones, mientras que el COMFER lo es en la radiodifusión.
Hasta el momento se destaca una única variante excepcional a la prestación de servicios de radiodifusión por parte de una prestadora de servicios público: nos referimos concretamente a un nuevo parche que reforma a la ley 22.285 a través de la ley 26.053, que dispone que cuando el solicitante de una licencia para la explotación de servicios de radiodifusión sea una persona jurídica sin fines de lucro prestadora de servicios públicos, la autoridad de aplicación le adjudicará la licencia, “cuando no exista en el área primaria de cobertura o área de servicio en el caso de servicios complementarios de radiodifusión, otro licenciatario prestando de manera efectiva el servicio solicitado.”
Adviértase que cuando esta ley refiere a “personas jurídicas sin fines de lucro” se relaciona básicamente a las cooperativas de trabajo que funcionan en zonas del país donde las empresas licenciatarias no prestan el servicio público de que se trate.
La autoridad otorgada por la ley a esta posibilidad de intervención de las cooperativas en la prestación de radiodifusión, tuvo su inmediato antecedente a través de las resoluciones dictadas por el COMFER 441/98 y 462/98, y por la resolución 606/01, también aprobada por ese organismo, por las cuales se modifica el criterio original del art. 45 de la ley 22.285, que sólo autorizaba a ser radiodifusores a las sociedades comerciales.
En este punto, además, deben tenerse presente los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos, “Asociación Mutual Carlos Mujica c/ Estado Nacional (PEN-COMFER) s/ amparo” [3], declaratorio de la inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 45 de la ley 22.285, por considerar restrictiva dicha cláusula, ya que admitía únicamente como licenciatarios a las personas físicas o sociedades comerciales regularmente constituidas en el país.
Al parecer, la amplitud de la norma es recibida con beneplácito al otorgar la posibilidad de ingreso de las cooperativas de trabajo en la prestación de la radiodifusión. Sin embargo, tal como lo resaltamos anteriormente, esa situación es permitida únicamente cuando no exista otro licenciatario prestando de manera efectiva el referido servicio.
Adviértase que la ley ha procurado preservar a los medios de comunicación existentes, impidiendo la participación de las cooperativas ante una supuesta competencia desleal en la prestación radiodifusora. Una clara muestra de discriminación en el acceso a difundir e investigar conforme lo prevé el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica que posee jerarquía constitucional conforme lo establece el Art. 75 Inc. 22 de la Norma Fundamental.
¿Qué prevé sobre este punto el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, presentado por el Ejecutivo al Congreso Nacional?
Dicho proyecto dispone en su Art. 25 que las empresas prestadoras del servicio público telefónico podrán ser titulares de licencias de televisión mientras aseguren: la interconexión con otros operadores; la portabilidad numérica entendida como derecho del cliente o usuario; la interoperabilidad de redes; la existencia de opciones desmonopolizadas de acceso al y del Sistema Nacional de Telecomunicaciones interno y al exterior; poner a disposición de los demás proveedores de servicios la información técnica sobre las facilidades esenciales y la información comercial pertinente que éstos necesiten para suministrar servicios.
Al igual que lo establece la actual redacción del art. 45 de la ley 22.285, para que una licenciataria de servicio público pueda ejercer la titularidad de televisión por suscripción deberá: conformar una unidad de negocio y llevarla por separada de la que implica la prestación del servicio público. De igual forma deberá llevar una contabilidad por separado y facturar así también las prestaciones de ese servicio; no incurrir en prácticas anticompetitivas como prácticas atadas y subsidios cruzados, entre otras limitaciones.
En la explicación de motivos que brinda el proyecto de Ley elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional se destaca que se tomó en consideración precisamente la redacción del Decreto 62/90, por el cual se dispuso la privatización del servicio de telecomunicaciones.
Así sostiene el proyecto que “se postula un régimen que permita por excepción el inicio de un proceso de transición que reconozca las particularidades del sector de las telecomunicaciones y radiodifusión de la Argentina (…) con el propósito de no generar escenarios de obsolescencia regulatoria en caso de rápidas modificaciones y/o de configuración de tales sectores”.
Lo que vendrá es el Triple Play, un negocio que genera interés. En una interesante editorial, el director del diario PERFIL, Jorge Fontevecchia, se refiere al Triple Play expresando que “en la Argentina ya existe el duo play; Telefónica y Telecom brindan por sus mismos cables el servicio de voz y de acceso a Internet. Al revés, el duo play de Clarín brinda cable y acceso a Internet. Las tres empresas tienen una cantidad similar de abonados a acceso a Internet: Speedy de Telefónica, 1.250.000 abonados; Arnet de Telecom, 1.100.000, y Fibertel de Cablevisión/Multicanal-Clarín, 1.000.000”.
Agrega que “la conexión a Internet es donde hoy compiten las tres, (dos dan voz y la otra TV por cable) y se supone que de autorizarse el triple play cada una mantendría su algo más de un millón de abonados, pero a los tres servicios en lugar de a dos. Eso significaría que Telefónica y Telecom perderían algo más de un millón de clientes de telefonía de línea que pasarían a Cablevisión/Multicanal-Clarín, y Clarín perdería un millón de abonados a la TV por cable que pasarían a ser provistos por Telefónica y Telecom. El problema para Clarín es que un abono de telefonía básico cuesta alrededor de 20 pesos mensuales, mientras que uno de televisión por cable, también básico, alrededor de 110 pesos. Lo que tiene para ganar y perder cada uno no pesa lo mismo” [4].
Más allá del detalle de los datos puntuales sobre la cantidad de eventuales abonados e importes que deberían abonar para contar con el servicio del triple play en sus hogares, es de destacar una reciente medida adoptada por la Secretaría de Comunicaciones de la Nación justamente a casi un año de la notoria disputa que mantiene el gobierno Nacional con el Grupo Clarín, desde que se suscitó el conflicto con el campo por la famosa Resolución 125, que disponía un cambio en el porcentual de retenciones por la exportación de siembra.
Nos referimos a que mediante la Resolución 146/09 -publicada en el Boletín Oficial el pasado 3 de julio de 2009-, por la cual la Secretaría de Comunicaciones de la Nación le otorgó a la empresa Fibertel del Grupo Clarín numeración geográfica y no geográfica para prestar telefonía local. Sin embargo, aún le queda pendiente un tema fundamental para poder incursionar en el mercado telefónico: que las actuales prestatarias del servicio le entreguen las tramas de interconexión para poder prestar el mismo [5].
Concretamente, la referida resolución le otorgó al Servidor de Internet de Clarín 30.000 números para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA); 5.000 para Rosario, Santa Fe, La Plata y Córdoba; y 1.000 para Bahía Blanca, Campana, Escobar, Mercedes (Buenos Aires), Zárate, Luján y Paraná. Además, le adjudicó 100 números para los servicios 0610, 0611 y 0612; 10.000 para cobro revertido automático (0800) y la misma cantidad para cobro compartido (0810).
Esta última medida permite advertir que, más allá de las autorizaciones que conceda la Secretaría de Comunicaciones, por el momento siguen persistiendo soluciones parciales y parches en lo que respecta a ir camino a un desarrollo amplio del Triple Play. La deseada reforma de la ley de radiodifusión va de la mano con la unicidad y acercamiento cada vez mayor entre los regímenes de radiodifusión y telecomunicaciones los cuales – vaya casualidad – ambos datan de la época de la última dictadura militar. Tal como se sostuviera al comienzo, por el momento las Empresas licenciatarias del servicio público telefónico no se encuentran autorizadas por ley para brindar el Triple Play.
Es deseable que el ingreso de una pluralidad de prestadores del servicio único de Internet, TV, radio y telefonía beneficie – por supuesto y principalmente – a la persona como consumidor y titular del derecho humano de recibir, investigar y difundir información. Para ello será preciso que el Estado cumpla un rol fundamental consistente en evitar concentraciones empresarias y tendencias monopólicas que en cierta forma puedan generar una suerte de censura indirecta prohibida por el art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
Sin dudas que el Triple Play es un negocio tentador tanto para las empresas que actualmente se desenvuelven en la radiodifusión para poder ampliar la esfera de sus negocios, como así también para las licenciatarias del servicio público telefónico ya que cuentan con la infraestructura tecnológica a través de la cual se puede proveer Internet, TV y telefonía.
El desafío de encontrar un equilibrio entre los intereses particulares y de la sociedad toda está en juego. Merece que el debate legislativo sea serio y no pierda el objetivo central de proteger el derecho de todo ser humano a contar con una pluralidad de fuentes de información.
Fuentes citadas por el autor:
[1] Schiffer, Claudio – Porto Ricardo, “Radiodifusión Marco Regulatorio”, Ed. Universitas SRL, 2006, pág.175
[2] 19.798 -Adla, XXXII-C, 3422-) trataba en sus Capítulos V y VII a la radiodifusión. Cabe destacar que también se trata de una ley emanada durante la dictadura militar.
[3] CSJN, 1/9/2003, Expte A. 215. XXXVII.
[4]”¿¡Qué querés Clarín!?” Jorge Fontevecchia. Ver http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0349/articulo.php?art=13415&ed=0349
[5] “Avance para que el Grupo Clarín ofrezca telefonía” Ver http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1150607
- Manuel Larrondo es Abogado (UNLP). Docente de la Cátedra II Derecho de la Comunicación, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Director del Instituto de Derecho de los Medios de Comunicación (Área Académica), del Colegio de Abogados del Departamento Judicial La Plata, provincia de Buenos Aires.
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Por lobogabriel - 11 de Septiembre, 2009, 7:00, Categoría: medios
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El “general” Clarín y sus cruzados del monopolio
Una batalla por la pluralidad en los medios
Víctor Ego Ducrot
El gobierno argentino trabaja para que el Congreso convierta en ley su proyecto sobre servicios de comunicación audiovisual, en reemplazo de la norma de la dictadura. El enemigo contraataca.
¿Viejos centuriones romanos? ¿Paramilitares de la palabra? ¿Terroristas de la imagen? Ya tienen su general o mariscal de campo. Se llama Grupo Clarín y está dispuesto a todo, si acaso a la guerra sucia, para impedir que de una vez por todas los argentinos cuenten con un marco jurídico pluralista y antimonopólico, que regule lo que es de patrimonio público –las frecuencias de radio y televisión- y garantice el derecho de los individuos y de la sociedad a informar y estar informados.
En sus puntos sobresalientes, el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual presentado al Congreso esta semana por el Poder Ejecutivo, propone lo siguiente.
Darle nuevo marco legal al sector, hasta ahora regido regidos por la ley 22.285, heredada de la dictadura militar. La iniciativa apunta a desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios e impulsa la creación de nuevos.
Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, pone límites a la concentración, fijados por cantidad de licencias y por tipo de medio.
Sólo se podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital.
Hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24). Hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.
A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda.
Quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa.
Las licencias durarán diez años (hoy son por 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título.
Las licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías –la digitalización– un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.
Los responsables de los medios deberán mantener una carpeta de acceso público donde figure toda la información relevante del licenciatario.
Para ser titular de una licencia se evaluarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Se excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto.
El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrán asignadas frecuencias. (Hasta ahora sólo se preveía a Canal 7 como empresa comercial.)
Se creará la sociedad de Estado Radio y Televisión Argentina, que tendrá a su cargo la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión y televisión del Estado.
Las universidades podrán tener emisoras sin restricciones. Ya no tendrán obligación de constituir sociedades comerciales.
La televisión abierta y el cable deberán emitir cine nacional. Como mínimo tendrán que difundir en estreno televisivo seis películas al año.
Podrán “optar por incluir en la misma cantidad, hasta dos telefilms, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes”.
Se le exigirá a la TV además que el 60 por ciento de su producción sea nacional.
Las radios deberán emitir un mínimo de setenta por ciento de producción nacional. Por lo menos el treinta por ciento de la música deberá ser de autores o intérpretes argentinos.
Los derechos exclusivos de transmisión del fútbol no deberán perjudicar el derecho de los ciudadanos a seguir los partidos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional. Para esto, la Secretaría de Medios de Comunicación realizará un listado anual de los acontecimientos deportivos de interés general, que serán de acceso universal.
Los criterios para elaborar el listado serán tres: “Que el acontecimiento haya sido retransmitido o emitido tradicionalmente por televisión abierta, que su realización despierte atención de relevancia sobre la audiencia de televisión y que se trate de un acontecimiento de importancia nacional o de un acontecimiento internacional relevante con una participación de representantes argentinos en calidad o cantidad significativa”.
El tiempo de publicidad en la televisión paga estará reglamentado.
Habrá medidas parafiscales para desalentar la inversión de publicidad en el exterior del país, tales como hacen otros estados como Canadá. Por ejemplo, no se permitirá deducir del impuesto a las ganancias lo invertido en publicidad en el extranjero.
Las entidades sin fines de lucro podrán tener licencias de radiodifusión (la ley de la dictadura sólo concebía a la radiodifusión como una actividad comercial. En el año 2005 el Congreso permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias, pero con restricciones). La nueva ley reservará el 33 por ciento del espectro para asociaciones, fundaciones, mutuales y otras organizaciones sin fines de lucro.
Se promoverá la regularización de los medios comunitarios.
En relación con el triple play (la posibilidad de dar los servicios de Internet, teléfono y cable en un mismo soporte), las empresas telefónicas podrán hacerlo cumpliendo una serie de requisitos, entre ellos demostrar que el 70 por ciento de su capital es de origen argentino.
El organismo que regulará los Servicios de Comunicación Audiovisual será dirigido por un órgano colegiado integrado por representantes de la Legislatura nacional, de la segunda y tercera minoría, y representantes del Poder Ejecutivo nacional.
El Proyecto establece un año de plazo para que las empresas se adecuen a la nueva legislación.
La iniciativa gubernamental ingresó al Congreso el jueves de la semana pasada. El Grupo Clarín puso a todos sus medios y “periodistas estrellas” en la primera línea de combate contra el gobierno nacional. A minutos de conocerse la decisión oficial de llevar la cuestión al congreso, en su título central de portada, el diario calificó a la iniciativa de proyecto de “control de medios”, fijando así las bases discursivos de su ofensiva.
A partir de ese momento, las páginas impresas y electrónicas de Clarín, las pantallas de los canales TV 13 (de aire) y TN (de noticias por cable) y los micrófonos de Mitre (radio), como así también su red de medios diseminados por el todo el país, cumplieron la orden al pie de la letra y a todos les falto espacios y tiempos para criticar, denunciar, fustigar y descalificar al gobierno, respecto del tema que fuere.
El jueves último, mientras la comisión especializada de la Cámara de Diputados comenzaba la discusión pendiente desde hace casi 30 años, el Grupo Clarín emitió un duro comunicado antigubernamental –acusando al Ejecutivo de “ilegal”- debido a que el órgano competente del Estado (el COMFER) rechazó por monopólico el acuerdo de fusión entre las empresas de TV por cable Multicanal y Cablevisión, un intento del propio Grupo Clarín de adueñarse del segmento mayoritario del mercado.
En varios de su estudios difundidos durante los últimos 12 meses, el Observatorio de Medios de Argentina (ver elobservatoriodemediosdeargentina.blogspot.com y www.pecyp.com.ar) alertaron sobre las técnicas utilizadas por el Grupo Clarín y otras corporaciones mediáticas para descalificar al gobierno y al Estado, en campañas que, como la desplegada en torno al conflicto entre éste y las patronales agropecuarias, bordearon los límites de la legalidad.
El gobierno nacional puso sobre el tapete un tema vital para el funcionamiento democrático del país: una ley que acabe con el marco jurídico que la dictadura le dio al uso de los espacios radioeléctricos, el mismo que le permitió al Grupo Clarín y a otras corporaciones consagrarse como dueños casi exclusivos de la palabra y las imágenes de los argentinos.
La derecha en sus más diversos pelajes –mediática, económica y política- comenzó a rugir como una fiera herida. Los bloques opositores en la Cámara de Diputados, con el fin de ganar tiempo, sostuvieron que el tema debe ser debatido durante dos meses en foros abiertos en todo el país, porque, sostuvieron, el tema amerita tal discusión.
Se trata de una maniobra de increíble hipocresía. Durante los últimos meses, y a iniciativa del COMFER, el proyecto de ley fue analizado y discutido en cientos de mesas redondas y encuentros realizados en todas las provincias, con la participación de universidades, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos e instituciones del más amplio espectro. Las corporaciones mediáticas y la derecha en general desconocieron, silenciaron o fustigaron esos debates.
En tanto, otros espacios políticos autoproclamados progresistas pero fervientes opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también salieron al cruce del proyecto de ley, con argumentos como que el mismo favorecería a otras empresas concentradas – a las de telecomunicaciones, por ejemplo – y otros que alertan sobre el peligro que implica el eventual no reconocimiento de tratos internacionales que protegen a las inversiones extranjeras. Es decir, una mezcla rara de señalamientos por izquierda y por derecha, un gesto siempre eterno de esos ámbitos, tendiente a desconocer la dimensión de lo político, con sus contradicciones y correlaciones de fuerzas reales.
Más allá de que la iniciativa gubernamental pueda y deba ser perfeccionada – para cortarle el paso a toda otra posible construcción monopólica que surja de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías- y de que muchos de sus puntos indudablemente quedaran sujetos al decreto de reglamentación que requiere la aplicación de la norma, lo cierto es que, el 3 de septiembre de 2009, el Congreso comenzó a tratar un tema que el sistema democrático había dejado pendiente.
- Victor Ego Ducrot es director de la Agencia Periodistica del Mercosur y docente de la Facultad de Periodismo de la UNLP.
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Por lobogabriel - 11 de Septiembre, 2009, 6:59, Categoría: medios
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La prostitución maquiladora de la información
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De: Ronnie Huete
Tegucigalpa. “Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala.”
Cuando el escritor francés Albert Camus invocó estas palabras en el transcurso del siglo XX. Inconscientemente pronosticó los hechos históricos que se hilan en Honduras en el último año de la primera década del siglo XXI.
Bajo un contexto de prostitución monopólico la libertad de la prensa mediática se resume en mala.
Basta revisar los archivos de la Hemeroteca Nacional y hacer un simple monitoreo de las noticias de los últimos 27 años elaboradas por la democracia burguesa.
El libre mercado y la competencia empresarial son dos elementos claves que dimiten al compromiso de informar y formar a una sociedad que espera obtener la verdad del porque Honduras busca copiosamente el desarrollo, pero nunca lo encuentra.
Después de la asonada castrense del 28 de junio los medios informativos oligárquicos terminaron de convencer a la población de su instrumento insensible de desinformación.
Moldear un mundo hondureño en que la economía crece anualmente a un ritmo casi comparable con naciones que se acercan al desarrollo, es parte de las estrategias de engaño.
Querer convencer al mundo de que en Honduras no pasa nada después de la instalación forzosa del régimen fascista de Roberto Micheletti, es un hecho que ha declarado la guerra mediática entre la prensa que vende su escaso raciocinio y la otra que describe los hechos.
Como cuando los hombres buscan un servicio sexual en un burdel y la trabajadora del sexo espera ansiosamente ganarse su dinero, así es el comportamiento de algunos “periodistas” que esperan ese padrinazgo burgués.
Las muertes, los atropellos a los derechos humanos, el maltrato generalizado que ha recibido Honduras en los dos últimos meses de fascismo, son obviados por la potestad del dinero que reciben algunos “periodistas.”
Sus escritos evidencian una falsa realidad que han inventado los dueños de los medios de comunicación conforme a sus intereses capitalistas.
La palabra vergüenza no alcanza la descripción hacia la prensa que fácilmente abre su reducido cerebro para recibir órdenes por unos minuciosos centavos, que extinguen el sentimiento de dignidad. Si alguna vez hicieron uso de este don.
Carlos Flores Facussé, Jorge Canauati Larach y Rafael Ferrari, son los principales creadores de este micro mundo, al que en su economía, llaman: Honduras en desarrollo.
A través de sus maquilas de la información explotan sicológica y físicamente aquellos periodistas que recuerdan lo aprendido en la academia de la Universidad, en respetar sus principios éticos. Pero por no perder su pequeño ingreso venden su fuerza de trabajo.
En las maquilas de la información son pocos los periodistas consientes que el medio en que trabajan hace un daño irreparable en la historia de la nación.
Los demás “comunicadores”, brindan con sus copas de la indignidad junto a sus maestros de marioneta que les demuestran las bellezas que brinda el capitalismo sobre el aplastamiento de las masas vilipendiadas por años.
El cuarto poder de la prensa no es otra cosa que la cuarta prostituta de los oligarcas Flores facussé y Canahuati Larach, cuya amistad estuvo muy ligada en una asesoría económica en el periodo 1998- 2002 y sus imágenes de una Honduras en progreso, sonaban con bellas melodías en la televisora de Ferrari.
Todo un emporio de la comunicación que publican mensajes alegóricos a la desidia, la ignorancia y el desinterés de un pueblo por unificar su solida fuerza para el derrocamiento de estas aberraciones de la sociedad.
En los últimos días estos terroristas de la información están en una dura búsqueda por los alrededores del mundo, de cómo replantear sus políticas editoriales, que han fracasado mediante la resistencia popular del pueblo, que ya no cree en sus impresos, imágenes o sonidos radiales.
Sus compañías asesoras en Europa pasan en extenuantes reuniones para seguir con el plan de manipulación terrorífica hacia la población.
Los millones de dólares que derrochan estos artífices de la mediocridad periodística, no les preocupa puesto que intentan rescatar a los que, en algún momento fueron convencidos y que ahora abiertamente, son sus enemigos de clase.
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Por lobogabriel - 9 de Septiembre, 2009, 12:36, Categoría: medios
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El por qué de los discursos del poder
Saberes, textos y encubrimientos
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APM
| Las voces de lo medios y de los círculos financieros frente a la construcción social y política de soluciones. Acostumbramiento mundial a la pauperización universal de las condiciones de vida. |
Merece señalarse que en los últimos meses resulta llamativo el casi nulo tratamiento que la Crisis Financiera Internacional ha concitado en los grandes medios de prensa. También cabe apuntar que lo poco que se trata sobre el tema viene marcado con una inexplicable dosis de optimismo. Esta percepción –no deja de serlo en virtud de la carencia de instrumentos que permitan una medición concienzuda- merece su observación y también algún tipo de análisis que intente explicar sus razones. Suele sostenerse –con razón- que la solución a un problema surge inmediatamente de un buen planteo del mismo. Ese precepto –que se sostiene desde la lógica- tiene que ver con la construcción de discursos pero también con la comprensión a priori de que la complejidad del texto construido será directamente proporcional a la cantidad de variables implicadas en el problema que se desea describir. Empecemos por el final: ¿Qué significaría solucionar la crisis internacional? Pues bien, significa que debería encontrarse -construirse- un texto que represente la totalidad del problema y, para tal fin, que concatene lógicamente la totalidad de las variables implicadas. Ahora bien, si se acepta que la crisis internacional tiene al menos –ni siquiera estamos seguros de eso- tres grandes pilares –financiero, ecológico y energético- el planteo del problema debería pasar por piezas discursivas que abarquen –hasta dónde se puede vislumbrar- la revisión de los modos de producción capitalista en una forma acorde con el desenvolvimiento de la naturaleza y basado en la explotación eficiente y racional de los recursos energéticos. Así dicho suena –y lo es- algo utópico esperar de inmediato la aparición de un discurso unificador. Una complicación más radica en que la solución descripta debe ser implementada en un tiempo acotado porque, mientras más se demore, la gente afectada –población mundial- sufrirá las consecuencias de la pérdida de empleos, los males derivados de la degradación del medio ambiente y la carencia de potencial para desarrollar sus actividades. Mucho se ha hablado ya de esos males. El tema es complejo, su comprensión total rebasa la capacidad individual y sólo la construcción social de discursos parciales proporcionará los elementos constitutivos de un planteo claro, que conlleve propuestas de soluciones. Para citar un ejemplo, el discurso inserto en la teoría de la relatividad general requirió que un emergente social, Albert Einstein, unificara todos los saberes de la física y la matemática desarrollados anteriormente. Ese esfuerzo, en términos universales, exigió a la humanidad “un millón” de años de pensamientos expresados en discursos. Los textos de Einstein –ecuaciones- requirieron que el físico alineara treinta y tantos cuadernos para que cupieran con legilibilidad. Fue necesario el trabajo posterior de muchos matemáticos para condensar el texto original. Lamentablemente, la crisis financiera internacional dista mucho de ser un problema matemático. Es un problema social con algunos aspectos evidentes, sazonados con variables cuasi infinitas. Intereses creados difíciles de romper, miserias humanas perennes, impericia de los gobiernos y la lista puede seguir hasta el fin de los tiempos. Los medios de prensa no escapan a esa lógica. Deben ser “optimistas” para evitar que el pánico agrave el problema, pero carecen de (o niegan) elementos para articular textos sólidos y descartan muchos discursos en protección de sus intereses corporativos -¿dónde están Marx, Engels, los fisiócratas o el mismo Adam Smith, por ejemplo?-. No hay construcción de discursos, no hay respuestas; se niegan las alternativas, obviamente no hay “mano invisible” –no existe- pero sí hay una crisis. La prensa corporativa expresa la hegemonía de las finanzas y descarta todo lo demás: la temperatura de la crisis se mide en el humor de las bolsas y las noticias puntuales sobre datos sueltos e inconexos. Hay que ser muy miope para no darse cuenta de que las últimas declaraciones sobre el presunto final de la crisis sólo pueden emitirse desde la solitaria óptica financiera. Así, las respuestas que se ensayan son parciales y ya se sabe que las soluciones parciales nunca son solución. Las respuestas que se están dando con relación a la crisis son mínimas. Poco se dice –y es en medios alternativos- acerca de que los planes de rescate de Barack Obama -¿o de Henry Poulson?- basados en la emisión a escala industrial de dólares han depreciado su valor en forma creciente. Que a raíz de semejante hecho, China busca desprenderse de esa moneda, adquiriendo bienes en todo el mundo y financiando –mientras aún se pueda con ellos- gigantescas obras de infraestructura. Tampoco se recuerda –y debería hacerse todo el tiempo- que la crisis comenzó por el desprecio de las economías reales (trabajo humano liso y llano) frente a la ganancia fácil y virtual de las finanzas. Más amnesia aparece a la hora de rememorar que la crisis fue originada en los países “desarrollados” y exportada con furia a los más “atrasados”. ¿Cuáles son las medidas concretas para frenar el deterioro del ecosistema? ¿Es la construcción de más usinas nucleares la solución al problema energético? Quienes deciden estas cuestiones están agrupados en las mismas organizaciones minoritarias que no previeron la crisis: el G-7; el G-8; el G-20; el Consejo de Seguridad de la intrascendente ONU; el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si Gran Bretaña propone incrementar la carga impositiva a los sectores más privilegiados entonces los medios se apuran a hablar de “guerra de clases” en sus titulares (¿?). Si Barack Obama hace lo que hace con las empresas radicadas en el exterior de Estados Unidos, las corporaciones hablan de crear “un frente unido frente a los ataques del ejecutivo (¿?)”. Si en Argentina se intenta recaudar parte de la renta extraordinaria sojera, los sectores patronales del agro y los medios de comunicación amenazan con “incendios generalizados”. En resumen, es imposible construir el texto de “solución apropiada” si los “intereses precrisis” insisten con los discursos que llevaron a ella y silencian cualquier visión que amenace en algo a sus rentas. Así que no es de extrañarse que se apunte a la desinformación y al acostumbramiento mundial a la pauperización universal de las condiciones de vida.
http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4390
Por lobogabriel - 7 de Septiembre, 2009, 7:57, Categoría: medios
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La gran prensa es la vanguardia del nuevo fascismo latinoamericano
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Alberto Maldonado |
ALAI AMLATINA
El tema: la agresión brutal de una vanguardia colombo-norteamericana, en el sitio selvático de Angostura, sobre territorio ecuatoriano, al amanecer del 1 de marzo/2009. Fueron victimados, mientras dormían, Raúl Reyes, uno de los comandantes de las FARC colombianas y 25 acompañantes más; entre ellos, 4 estudiantes mexicanos y un ecuatoriano. Quedaron vivas la estudiante mexicana Lucía Morett y dos guerrilleras colombianas, que actualmente tienen asilo político en la Nicaragua de Daniel Ortega.
Las “confusiones mediáticas”
La primera “confusión”: los grandes medios de comunicación ecuatorianos (prensa escrita, radio y televisión) dieron por cierta la versión que Álvaro Uribe le dio telefónicamente al Presidente Rafael Correa. La patrulla colombiana “había tenido” que liquidar a la columna “terrorista” (guerrillera) en un “combate” que se había iniciado sobre territorio colombiano. Cuando llegaron las primeras avanzadas del ejército ecuatoriano al “escenario de la acción de armas” se encontraron con un campamento arrasado por bombas y misiles, con 24 cadáveres destrozados (los agresores se habían llevado a Bogotá el cadáver de Reyes y el del ecuatoriano Franklin Aisalla, a quien le confundieron con el cantautor “Julián Conrado”) y tres jóvenes mal heridas que fueron rescatadas por una patrulla ecuatoriana y llevadas al hospital militar de Quito, donde se restablecieron.
Es importante recordar que, de acuerdo a los primeros informes militares y de inteligencia de Ecuador, el campamento había sido arrasado desde el aire mediante misiles que no los tiene la fuerza aérea colombiana. Luego, los atacantes, mediante helicópteros, allanaron a sangre y fuego el campamento a pesar de que los agredidos habían sido ya liquidados, a la hora del primer ataque: la una de la madrugada de ese 1 de marzo.
La segunda “confusión” estuvo a cargo del diario El Tiempo, de Bogotá, que tiene a Francisco Santos como Vicepresidente de Colombia, que tenía a otro Santos (Juan Manuel) como Ministro de la Defensa; y un tercer Santos, que iba a ser nombrado Presidente de la SIP. Cuando Correa, indignado, denunciaba la agresión colombiana en la reunión de Grupo del Río, este periódico publicó, en primera página, como gran primicia, una fotografía del Ministro Gustavo Larrea (que era Ministro de Seguridad Política de Ecuador) sentado, frente a frente, con Raúl Reyes. Lo que “demostraba” que desde el Gobierno Correa había un contubernio con las FARC para agredir a la “seguridad democrática” de Colombia.
Ese mismo día, un indignado dirigente del partido comunista argentino denunciaba que la persona que dialogaba con Reyes, en territorio colombiano, era él, que ni siquiera se parecía a Larrea; y que la foto había sido tomada hace años en suelo colombiano. El “equívoco” fue apenas desmentido e hizo mutis por las tranqueras del periódico fascista.
Tercera “confusión”: una corresponsal del diario español “País” (que compró la radio-televisión Caracol de Colombia) muy suelta de huesos, desde Bogotá, denunció que los “terroristas de las FARC se paseaban por campamentos en suelo ecuatoriano, como Pedro por su casa”. No llegó a decirlo pero insinuó que las FARC tenían en el sector fronterizo con Ecuador amplios sectores para descansar, para reponerse y para planificar nuevas agresiones contra el ejército colombiano.
Desde Ecuador, se desmintió la “información” de la desaprensiva corresponsal y se demostró que en los últimos tiempos, patrullas militares habían ocupado o desmantelado más de 190 bases transitorias que habían sido ocupadas clandestinamente por efectivos de las FARC. El Gobierno, además, denunció que ese sector limítrofe no tenía (no tiene hasta hoy) presencia militar de Colombia, por lo que se pretendía que sea Ecuador el que enfrente y aniquile a las FARC, ya que “su obligación” según el Plan Colombia, era hacer de yunque de los “terroristas”, supuestamente en retirada desde el centro colombiano. Un supuesto que no se ha dado hasta la fecha.
Cuarta AGRESIÓN. Ya no es una simple confusión sino una agresión mediática en toda la extensión de la palabra. El gobierno paramilitar colombiano comienza a producir en serie, como los culebrones televisivos que produce, una cantidad increíble de “correos electrónicos” que supuestamente han sido “bajados” de unas también supuestas y superpotentes laptos supuestamente encontradas en el ametrallado campamento de Angostura.
El Gobierno para militar de Uribe perseguía, mediante este recurso informático, “comprometer” a Chávez y Correa con las FARC y justificar de esta manera su salvaje agresión contra Ecuador y sus “acciones encubiertas” contra Venezuela. A pesar de que desde distintos escenarios del mundo entero, la producción de emails quedó en el ridículo, Colombia ha seguido utilizando este “recurso mediático” para seguir descubriendo nexos y actores supuestos y reales, que han actuado en complot con “terroristas y narcotraficantes” contra la “seguridad democrática” fascista de Uribe y Cia. A más de un año del ataque contra Angostura, la prodigiosa “inteligencia colombiana” sigue produciendo email de Reyes a la carta, según quieran comprometer o no a diversos actores de Venezuela y Ecuador, en un supuesto tinglado mediático.
La gran prensa ecuatoriana repite hasta el cansancio estas “revelaciones” sin beneficio de inventario. Y hasta recuerdan las primeras revelaciones como si fueran verdades bíblicas, que nadie debe discutirlas o ponerlas en duda..
Quinta agresión: el video del Mono Jojoy (comandante Briceño de las FARC) al que le trucaron para hacerle aparecer dando una charla a un grupo de combatientes sobre distintos temas y asegurando, sin más, que las FARC dieron un aporte en efectivo para la campaña electoral de Rafael Correa.
Fue tan burdo el trucaje que no resistió siquiera un análisis técnico medianamente serio. Con decir que el tal Mono Jojoy aparecía de bufanda y con una camiseta, en la primera parte; y en la segunda, sin bufanda y con otra camiseta (o al revés) ya quedaba evidenciado el montaje. Y, desde luego, nunca hubo respuesta para una pregunta muy sencilla: ¿se puede aceptar, sin sonrojarse, que un comandante guerrillero reúna a su tropa, en medio de la selva, para hablarle de varios temas y problemas guerrilleros, entre ellos que la guerrilla ha dado una ayuda económica a Correa cuando se sabe que esa milicia tiene que movilizarse casi permanentemente en la selva colombiana, porque si se estaciona es rápidamente detectada por aviones espías USA y bombardeada sin compasión? ¿Puede pensarse siquiera que una guerrilla que lleva tanto tiempo peleando contra un enemigo muy poderoso y armado con tecnología militar de punta, pueda tener cien mil (o 400.000) dólares para entregarlos a una campaña electoral en Ecuador, a favor de un candidato casi desconocido en Colombia?
Pero, los medios de comunicación del mundo entero, especialmente la televisión, pasaron y repasaron el video trucado y muchos periódicos, en sus comentarios, dieron por hecho que si el Mono Jojoy hacía esta revelación, pues no había nada más que discutir. El propio exministro de la defensa, Juan Manuel Santos, desde Inglaterra, dijo que “más claro no canta un gallo”. Y Lucio Gutiérrez Borbúa, el coronelito que fue depuesto por una movilización ciudadana cuando recién iniciaba la otra mitad de su mandato, proclamara que “Correa debía renunciar por vergüenza nacional” Desde luego, nadie la hizo caso.
Sexta arremetida mediática: copias de un diario que supuestamente escribió Raúl Reyes hasta pocos días antes de su asesinato. Esta vez, el Gobierno Correa tuvo que adelantarse al escándalo que se preparaba desde Colombia ya que desde la inteligencia militar de Ecuador se le hizo llegar una supuesta copia de un supuesto diario de este asesinado comandante guerrillero. Correa tuvo que entregar una copia de este tinglado a la Fiscalía General del Estado para que lo investigue.
Los diarios ecuatorianos, los canales de televisión, las estaciones de radio, se hicieron eco de esta nueva “revelación” y muchos de ellos, con absoluta mala fe y falta de elemental ética periodística, reprodujeron el mamotreto y, adelantándose a la investigación solicitada, reprodujeron como ciertos algunos párrafos relacionados con una supuesta conexión de Reyes con Correa. Solo que esta vez, se ponía en boca del asesinado comandante guerrillero, afirmaciones sobre supuestas sospechas respecto de personajes que le presionaban por más ayuda económica. Todo un culebrón al mejor estilo de los siempre creativos panfletarios colombianos.
Igual que con el video del Mono Jojoy, nadie respondía ¿cómo había sido posible que ese manuscrito se haya salvado sin siquiera quemaduras del salvaje bombardeo de Angostura?. Tampoco nadie explicó como había sido posible que un jefe guerrillero de las FARC haya tenido tiempo para tanta lucubración, para dejar constancia de sus sospechas respecto de los supuestos y reales agentes y mediadores del Gobierno Correa.
Pero, el supuesto diario de Reyes, más informes de inteligencia colombianos y ecuatorianos, han servido para demostrar algunas verdades:
- Que agentes policiales y militares ecuatorianos-colombianos seguían paso a paso a sospechosos de esta relación de dirigentes del Movimiento País con efectivos de las FARC, tan cercanos en la frontera común. Gentes y agentes que en lado ecuatoriano simpatizaban con la lucha guerrillera colombiana eran seguidos al centímetro por otros agentes o soplones al servicio del servicio de inteligencia colombo-norteamericano. Y hasta les fotografiaron.
- Que los servicios de inteligencia policiales y militares de Ecuador servían primero a sus jefes norteamericanos y colombianos. Se destapó que un secretario de la Embajada yanqui, en Quito, (que fue expulsado del Ecuador) tenía capacidad para poner el visto bueno de quien debía ser jefe de inteligencia, a cambio de una ridícula compensación monetaria, que servía para mejorar la remuneración del designado y sus subalternos.
- Quedó demostrado que el militar que era jefe de inteligencia el ejército ecuatoriano (coronel Mario Pazmiño) sabía mucho más de lo que había informado a sus superiores. Al destaparse la olla, este coronelito (que ya está separado del ejército) es presentado y representado en canales de televisión y estaciones radiales del sistema, para que hable y “descubra” los entretelones de toda esta tramoya. El coronel Pazmiño no ha explicado en cambio como fue que él, un día antes del ataque de Angostura, recomendó a los suyos que despejaran la zona de Angostura porque iba a producirse un enfrentamiento armado. Lo cual quiere decir que estaba al tanto de que Colombia se proponía agredir a Ecuador; pero, ante sus jefes ecuatorianos, guardó “prudente silencio”.
- Que toda esta tramoya, entre trágica, ridícula y, sobre todo audaz, tenía sus testaferros en periodistas o colaboradores de medios audiovisuales e impresos. Por ejemplo, hace ya un par de meses, el diario capitalino El Comercio publicó una serial sobre el tema y uno de sus “analistas estrella” (el periodista Arturo Torres), escribió, en base a informes de inteligencia ecuatorianos y colombianos, una novela titulada “El juego del camaleón” que es una manera de “denunciar” a políticos del Gobierno Correa con este supuesto nexo con las FARC, para justificar no solo la agresión de Angostura sino para explicar posibles agresiones futuras contra “terroristas” en cualquier país vecino a Colombia. “Tesis busheana” que ha sido mantenida por el propio Uribe y que fue esgrimida por su Ministro Santos: la legítima defensa, el ataque anticipado, la lucha contra el mal y otras.
De todo esto y de mucho más, queda en claro, hasta la saciedad, que hay una lucha soterrada pero sin cuartel, del imperio mayor y de los imperitos, contra toda manifestación que pretenda cambios o transformaciones sociales, económicas y políticas. Así pues, en esta tramoya, hay una evidente complicidad de los sectores más retardatarios de nuestros países, con neofascistas militares y policiales y con organismos de seguridad tipo Cia, Sip. Y, desde luego, en la vanguardia de esta lucha sin cuartel, están los grandes medios de comunicación no solo del continente sino del mundo entero. El diario El País de España es una referente indiscutible en esta tinglado.
- Alberto Maldonado es periodista ecuatoriano.
Por lobogabriel - 7 de Septiembre, 2009, 7:57, Categoría: medios
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